Reflexiones de un desencantado

$una sociedad como la actual. La independencia se asegura en las leyes orgánicas y ordinarias y en otras disposiciones que establecen el estatuto jurídico de los jueces y las garantías de la misma. Siendo ahí donde se debe modificar el estatus de estos funcionarios. Decía Giovanni Papini «Es preferible una injusticia a un desorden; el desorden es la injusticia misma». Sí realmente queremos vivir en una sociedad que se aproxime a una democracia real y justa lo primero y más urgente es actualizar la Justicia, tan perdida hoy en el sentir de nuestra sociedad. A mi entender debería ser de la siguiente manera: 1. Puesto que es el elemento tectónico que sostiene un pesado techo como es la convivencia de distintas personas con distintos credos y distintas formas de comportamiento, debe estar al servicio de ese techo, dinamizando, facilitando esa convivencia entre ese grupo tan heterogéneo al que pretende servir, cosa que en la actualidad no se contempla. Para ello esta debe disponer de Corpus Legislativos con las infracciones y delitos bien determinados con penas que no permitan la ambigüedad como las actuales, donde un mismo delito se puede castigado con sanciones que oscilan entre los seis a meses a diez años, quedando al libre albedrío del funcionario penar con uno u otro. 2. Esa Justicia naturalmente que tiene que estar bajo las directrices del gobierno del estado, puesto que ese gobierno representa a la ciudadanía que al mismo tiempo sostiene y debe ser controlada por esa justicia a la que le facilita ese Corpus supuestamente dimanante del sentir popular. Ello no implica su intervención que quedaría anulada por otros controles. 3. La Justicia que emana del pueblo como las leyes, teóricamente claro, debe ser castigada por este y no por un funcionario que sujeto a sus ideales políticos o sociales y en muchas ocasiones irresponsabilidades, genera con sus sentencias monstruos que despegan a esa sociedad de ese servicio tan importante que sostiene con sus impuestos. 4. Las sanciones naturalmente las dictará un juez, (funcionario público) de la culpabilidad o inocencia, será un tribunal popular la que las dictaminen, puesto que es ese tribunal que representa a esa sociedad la que ha recibido el daño y la que en justicia castiga al culpable. El juez mero funcionario solo se tienen que ajustar al Código Penal (leyes gubernamentales) o al que se trate y aplicar la pena que en él se señala. Es una absoluta aberración que algo tan importante y vital en una sociedad que pretende ser democrática, como es la libertad de movimientos o las sanciones pecuniarias tan gravosas en casi todas las ocasiones, queden sujetas a la opinión o libre albedrio que, no es otra cosa, de un funcionario que ha estudiado una carrera, que como ser$