Reflexiones de un desencantado

como juez, y es que los amigotes son los amigotes) de Madrid, aquello de estar sujeta sus sentencias solamente a su criterio, sin que se pueda apelar la responsabilidad sobre sus actos con garantías, es una cojera enorme para ella misma. Sucede otro tanto con los médicos, el cementerio está lleno de sus errores y las denuncias rara, muy rara vez se contemplan por esta jauría cómplice necesario de los homicidios cometidos en ocasiones por absoluta negligencia. El tribunal popular debe sustituir a esa decisión final del funcionario que afecta directamente a la víctima. Este funcionario, que no es otra cosa, debe solo penar lo que exija la ley, en el tramo que establezca, pero de ningún modo puede juzgar puesto que es una enorme contradicción que, un funcionario llamado juez, al servicio de un estado que le paga, (independientemente de su sometimiento al imperio de la ley) entre en controversia o connivencia con un fiscal que dice representar los intereses generales de la población, algo más que discutible, su decisión interesada o no, daña como lo hace el descuido del paciente en los hospitales o la mala praxis de esos «galenos» dueños prácticos de vida y hacienda, pues no son pocos los arruinados por consejos y sentencias injustas que indefectiblemente llevan a un destino ya marcado. Todos estos trasgresores, deben ser castigados sin contemplaciones en sus responsabilidades. Hasta que no consigamos que esta justicia sea: 1. Libre de atenazamientos, absolutamente despolitizada 2. Limitada sus decisiones a la sentencia popular y aplicando lo que la ley dispone 3. Responsable penal como cualquier otro ciudadano por sus errores 4. Controlada exhaustivamente los procedimientos de estos funcionarios 5. Actualizada tanto en medios humanos como materiales 6. Teniendo en cuenta que el único pilar básico y mucho más que necesario que permite la convivencia entre gentes de distinto credo, debe ser ejemplar, justa y meritoria, lejos del libre albedrío, caprichosa, irresponsable e interesada en que se halla hoy, dando esa sensación al que tiene la desgracia de acudir a ella. La Constitución, en el artículo 117, declara que los jueces y magistrados son independientes y responsables. Les reconocen la libre interpretación de las leyes y su sometimiento al imperio de la ley lo que les otorga una independencia absoluta en sus decisiones que solo un tribunal formado por ellos mismos castiga cuando cometen una falta, porque ellos nunca delinquen… al parecer, algo similar a los médicos, ambos gozan de impunidad en la inmensa mayoría de los casos. Esto es lo que hay que cambiar, no la constitución como se pretende, sino las leyes menores que son las que amplían e incorporan estos desajustes profesionales, esto es una barbaridad extrema en

© J.M.F.N. 2023

Reflexiones de un desencantado

Históricos
Políticos
Varios

como juez, y es que los amigotes son los amigotes) de Madrid, aquello de estar sujeta sus sentencias solamente a su criterio, sin que se pueda apelar la responsabilidad sobre sus actos con garantías, es una cojera enorme para ella misma. Sucede otro tanto con los médicos, el cementerio está lleno de sus errores y las denuncias rara, muy rara vez se contemplan por esta jauría cómplice necesario de los homicidios cometidos en ocasiones por absoluta negligencia. El tribunal popular debe sustituir a esa decisión final del funcionario que afecta directamente a la víctima. Este funcionario, que no es otra cosa, debe solo penar lo que exija la ley, en el tramo que establezca, pero de ningún modo puede juzgar puesto que es una enorme contradicción que, un funcionario llamado juez, al servicio de un estado que le paga, (independientemente de su sometimiento al imperio de la ley) entre en controversia o connivencia con un fiscal que dice representar los intereses generales de la población, algo más que discutible, su decisión interesada o no, daña como lo hace el descuido del paciente en los hospitales o la mala praxis de esos «galenos» dueños prácticos de vida y hacienda, pues no son pocos los arruinados por consejos y sentencias injustas que indefectiblemente llevan a un destino ya marcado. Todos estos trasgresores, deben ser castigados sin contemplaciones en sus responsabilidades. Hasta que no consigamos que esta justicia sea: 1. Libre de atenazamientos, absolutamente despolitizada 2. Limitada sus decisiones a la sentencia popular y aplicando lo que la ley dispone 3. Responsable penal como cualquier otro ciudadano por sus errores 4. Controlada exhaustivamente los procedimientos de estos funcionarios 5. Actualizada tanto en medios humanos como materiales 6. Teniendo en cuenta que el único pilar básico y mucho más que necesario que permite la convivencia entre gentes de distinto credo, debe ser ejemplar, justa y meritoria, lejos del libre albedrío, caprichosa, irresponsable e interesada en que se halla hoy, dando esa sensación al que tiene la desgracia de acudir a ella. La Constitución, en el artículo 117, declara que los jueces y magistrados son independientes y responsables. Les reconocen la libre interpretación de las leyes y su sometimiento al imperio de la ley lo que les otorga una independencia absoluta en sus decisiones que solo un tribunal formado por ellos mismos castiga cuando cometen una falta, porque ellos nunca delinquen… al parecer, algo similar a los médicos, ambos gozan de impunidad en la inmensa mayoría de los casos. Esto es lo que hay que cambiar, no la constitución como se pretende, sino las leyes menores que son las que amplían e incorporan estos desajustes profesionales, esto es una barbaridad extrema en

© J.M.F.N. 2023

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